La presidenta de la Comisión, Liliana Fellner (Frente para la Victoria), expresó que el oficialismo tiene la "voluntad política" de recorrer el camino para aplicar una mayor regulación en el sector. En la práctica, declarar a un servicio "público" implica que el Estado tendrá la facultad de fijar el precio de las tarifas que se cobran a los clientes.
Ésta es la primera vez que el kirchnerismo acepta tratar proyectos de esta naturaleza. Desde su origen, la telefonía celular es un servicio de carácter privado y, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones fija las regulaciones. Pero los precios del sector son, en teoría, totalmente libres.
Los proyectos que se analizan son los del senador kirchnerista Juan Manuel Irrazábal (FPV); Carlos Verna (PJ), y Eugenio Artaza (UCR); Graciela Di Perna (PJ); Rubén Giustiniani (Partido Socialista), y Gerardo Morales (UCR).
En la reunión de ayer, los autores explicaron sus iniciativas, y el acuerdo político entre todas las fuerzas es sobre la necesidad de contar con una mayor regulación. Todos concuerdan en la declaración de "servicio público", mientras todavía hay divergencias en temas sensibles, como ubicación de las antenas, derechos del consumidor y designación de la autoridad de aplicación.
El paso siguiente será una convocatoria a audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común. Sin embargo, ningún bloque espera que el tratamiento sea rápido.
El paso a servicio público representará una fuerte injerencia del Estado en la estructura de ingresos de las empresas operadoras móviles. Un claro ejemplo podría ser el de Telecom, cuyos balances son públicos por cotizar en la Bolsa. Su subsidiaria Personal representó el 74% de su facturación y el 83% de su ganancia neta el año pasado.
Las quejas más recurrentes de las empresas radican en la necesidad de que el Gobierno libere más espectro radioeléctrico para mejorar la calidad de servicio (especialmente para las prestaciones en 3G y 4G) y en las dificultades burocráticas recurrentes en municipios y provincias para instalar antenas.
